Para nadie es un secreto que en
Venezuela estamos viviendo una larga crisis histórica que lleva en desarrollo casi 30 años y
tiene que ver en gran medida con el modelo económico y petrolero que ha marcado
la historia nacional de los últimos 100 años. La crisis se agudiza en la misma medida
que las élites del régimen no terminan de entenderla y asumirla, así como la
pretensión durante 15 años de imponer un modelo económico que no encaja con los
principios y valores de los venezolanos, pretendiendo bordear la tentación
dictatorial y totalitaria, inclusive adicionando un proyecto Castro-Comunista inaceptable
denominado “Plan de la Patria”, el cual es nugatorio de las disposiciones
constitucionales. Resulta ostensible la violación
constante y sistemática de las disposiciones de nuestra Constitución, como actividad calculada
del régimen para imponer un sistema que es contrario a su contenido. El afán por
concentrar el poder en el Ejecutivo, el irrespeto a la separación de los poderes, la
transformación de nuestras Fuerzas Armadas en una péndice del PSUV, la transformación
de facto de nuestro sistema geo-político, la confiscación arbitraria de bienes del
dominio privado sin procedimiento previo, la
privación de la libertad de cualquiera
que se oponga al oprobio del
régimen, la utilización del Consejo
Nacional Electoral como una suerte de Ministerio de Asuntos Electorales del partido de
Gobierno, la Fiscalía General de la Republica como garante del “garrote judicial”
y una Defensoría del Pueblo siempre alerta para justificar los atropellos contra los
civiles, son la fuente del estado de desasosiego e incertidumbre que ha provocado el
estado de ingobernabilidad en el que nos encontramos.
La inocultable crisis política se
desarrolla a partir de la recesión objetiva de tipo
económico que se venía anunciando por
los expertos y que, como siempre ocurre, las propuestas de solución no son
atendidas oportunamente por el régimen. El pretender imponer un modelo socialista-comunista
dirigido a reducir y eventualmente desaparecer el sector privado, ha dado
como resultado una economía arruinada que consolidó el modelo importador. Hoy
nuestra patria se ha convertido en una economía de puertos en donde casi todo lo
importamos, haciéndonos más vulnerables y dependientes. Como consecuencia de
estas desacertadas e inconvenientes políticas que solo han creado una situación de
empobrecimiento colectivo, con una inflación de las más altas del mundo y un
desabastecimiento cierto que se evidencia día a día en las interminables colas que se han
convertido en un referente urbano que destaca
vergonzosamente a la vista de propios y
extraños. Si a todo esto agregamos los altos niveles de inseguridad, la precariedad
en los servicios públicos, el deterioro progresivo del sector salud y educación, así
como el fracaso en otras áreas como la oferta de vivienda y la producción de alimentos,
se termina configurando un tsunami económico que la mayoría ya estamos padeciendo,
con fuerte tendencia a agravarse. Frente a esta realidad que creemos no
es exagerada, la sociedad venezolana ha ido desarrollando una creciente
insatisfacción que hoy se manifiesta en calles y plazas del país, siempre dentro del marco
constitucional, tal como claramente se expresa en el artículo 68 de nuestra Carta Magna,
que consagra: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar,
pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los
que establezca la ley.” En tal razón
los venezolanos estamos legitimados para ejercer la protesta que hoy se manifiesta en
cada rincón de nuestra amada Venezuela. Ante esta situación el régimen de manera
desproporcionada, imprudente y provocadora ha utilizado la fuerza de la represión,
extralimitándose en el uso y abuso de la misma y en franco irrespeto a los Derechos
Humanos, banalizando la libertad al detener a cualquiera que ejerza el legítimo
derecho constitucional a la protesta.
La justicia es el camino para la paz,
así como el derecho lo es para la convivencia social. En Venezuela tenemos que
entender que todas las partes están en pugna, en donde debemos asumir la tolerancia, la
convivencia, el dialogo y el respeto al pluralismo como marco societario de un
país democrático que puede manejar sus conflictos y dirimir sus diferencias en
Democracia, si seguimos desarrollando la lógica de la violencia y la prédica del odio
que solo producen más violencia, más dolor y termina profundizando las diferencias,
llevaremos el país a un abismo inconveniente. De allí nuestro llamado a que
desarrollemos un verdadero dialogo, donde el gobierno nacional debe propiciar la iniciativa
de manera sincera; ya que es un mandato constitucional, y al mismo tiempo dando
ejemplo en cuanto al camino a seguir, comenzando por desarmar el lenguaje
ofensivo y divisionista, o dicho coloquialmente “respeta para que te respeten”; eso
implica el reconocimiento del otro en las diferencias y sobre esa base sentarnos
de verdad a desarrollar un dialogo necesario, plural, honesto y constructivo. Para el
diálogo propuesto se requieren mediadores que merezcan la confianza de las partes; en
ese sentido proponemos a la Iglesia Católica,
a través de la Conferencia Episcopal,
al respecto en los últimos días el propio Papa a través de su Secretario de Estado
Pietro Parolin y de su vocero oficial Federico Lombardi ha propuesto de manera formal
servir de facilitador para un dialogo cada vez más urgente y necesario y que toda
la sociedad está demandando y también proponemos a la Organización de
Naciones Unidas (ONU) o cualquier otro organismo público o privado que permita generar
confianza a las partes. La experiencia contemporánea ha demostrado que
cualquier conflicto puede ser canalizado pacífica y civilizadamente siempre y cuando las
partes se respeten y busquen puntos de coincidencia y equilibrio. El gobierno
debe entender que es inviable su modelo hegemónico de corte autoritario,
totalitario, militar y militarista, ya que en la sociedad moderna la economía no funciona por
dogmas ideológicos, sino que solo se justifica a
si misma si es productiva y genera
bienestar colectivo. Esta sociedad se acostumbró a vivir en
Democracia, cree en la Democracia y bajo ninguna circunstancia va a permitir que
se le robe o mediatice su derecho a vivir,
desarrollarse y progresar bajo reglas
de Libertad y Democracia. Nunca es tarde para iniciar el dialogo. Nunca es tarde para
construir la paz. Nunca es tarde para seguir desarrollando una sociedad donde todos
cabemos, entendiendo, que una sociedad no se agota en el gobierno y tampoco en la
oposición, sino que los incluye y los trasciende. El estado moderno funciona
y se legitima no sobre dogmas ideológicos sino sobre la doctrina de los Derechos
Humanos y la capacidad de desarrollar un proyecto moderno, democrático,
inclusivo y donde el bien común sustentado en la solidaridad no menoscabe los derechos
individuales y de propiedad, como el derecho particular a cada persona, de
reconocerse en el “otro”, bajo la premisa de desarrollarnos en comunidad con
derechos y garantías para todos. Desde el Zulia solicitamos como un
gesto humano de buena voluntad de parte del ejecutivo nacional, la liberación
de todos los presos políticos y permitir el regreso de los venezolanos en el exilio.
Desde el Zulia insistimos en el cese
inmediato de las desacertadas políticas de
ocupación forzosa adelantadas por el
régimen, las cuales han devenido en la pérdida de la capacidad productiva del país y
en el alejamiento de nuevas inversiones de capital, en tal sentido debe
desarticularse de manera inmediata el entramado legal regulatorio que asfixia al aparato
productivo con controles del estado, que traen como consecuencia contracción económica y
corrupción por lo que consideramos fundamental que al frente de los
órganos que toman decisiones en el área económica, deben estar los Venezolanos que
nuestras Universidades han formado, aportando sus conocimientos y capacidades para
enrumbar nuestro sistema productivo y económico hacia el progreso sustentable. Desde el Zulia exigimos el respeto a
los derechos fundamentales del hombre consagrados en nuestra Constitución y
en todos los documentos universales sobre derechos fundamentales. En este sentido
se invoca el imperativo que todos los ciudadanos deben ser tratados de la
misma manera; que el respeto a la opinión de la disidencia sea el corazón de la
democracia; que las libertades de pensamiento, expresión, información, reunión,
tránsito y protesta pacífica no deben ser cercenadas y mucho menos mediante el uso de la
fuerza física, ejercida por órganos gubernamentales o por civiles armados.
Desde el Zulia brindamos apoyo a los
estudiantes y a la sociedad civil en general, que manifiestan su inconformidad a lo largo
y ancho del territorio nacional porque como ciudadanos tenemos derecho de exigir el
cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y la satisfacción
oportuna y cabal de las necesidades materiales y espirituales.
Los Zulianos exigimos de manera
enérgica y enfática, el inmediato cese a la
brutalidad con la que han sido tratada
nuestra juventud, golpeados, humillados y detenidos sin trámite alguno, y peor
aún, asesinados por quienes deberían
protegerlos, por el simple acto de
reclamar dentro de la Constitución, las erradas prácticas de un régimen sin rumbo y
dirigido por una gerontocracia que ha sometido al pueblo cubano a la más larga de las
tiranías que hoy existe en nuestro planeta. Así mismo, debe constituirse una “Comisión
de la Verdad”, imparcial y autónoma, que determine la responsabilidad en la
muerte de los 40 Venezolanos que han caído en esta confrontación que el régimen se
empeña en alimentar. Desde el Zulia, exigimos la reinserción
de las Fuerzas Armadas en el rol que les corresponde como garante y defensores
de la soberanía venezolana tal como la establece nuestra Constitución.
Desde el Zulia manifestamos nuestro
sentir que la paz llegará a Venezuela cuando se instaure la Justicia y se recupere el
Estado de Derecho, aspectos para los cuales se hace obligante el respeto al sistema de
división y autonomía de los poderes públicos, premisa fundamental para el
funcionamiento de una democracia. Desde el Zulia, exigimos el desarme
inmediato, absoluto y efectivo de los mal llamados colectivos, que como es
público y notorio son bandas de paramilitares armados de intimidación política.
En este mismo orden de ideas, y
actuando con estricta sujeción a las disposiciones constitucionales, exigimos de manera
inmediata la designación de nuevos Rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE),
así como los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del
Contralor General de la República, pues los que ocupan esos cargos no fueron designados
según dispone nuestra vigente Constitución Nacional.
Así mismo, exigimos al régimen que
debe garantizar el Derecho a la Libertad de
Expresión Libre y Plural, con especial
énfasis en la eliminación de la Política de
Estado orientada a producir auto
censura por parte de los medios de comunicación. Al efecto, exigimos respeto para el
ejercicio de la labor de los periodistas, quienes son agredidos de manera artera y
premeditada por parte de las fuerzas militares y policiales del régimen.
Desde el Zulia, exigimos el cese
inmediato a la sistemática política del régimen de criminalizar el ejercicio de la función
pública, como arma de intimidación para subyugar a quienes fueron electos de
manera soberana, en tal sentido es inaceptable la pretensión de subordinar la
soberanía popular a otros poderes que jerárquicamente se ubican por debajo de la voluntad del
pueblo, tal y como dispone el artículo 5 de nuestra Constitución: “Los órganos
del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. En tal
sentido con estupor y no menor asombro, observamos como el régimen utilizando a los
tribunales como “garrote judicial”, ha atropellado la voluntad soberana del pueblo expresada
a través del voto, mediante decisiones de una élite circunstancialmente en
funciones jurisdiccionales, que ejecuta las órdenes
del régimen a través de
procedimientos inconstitucionales de usurpación de
competencias y abuso de poder.
Desde el Zulia proponemos un acuerdo de
gobernabilidad que debe materializase con la participación de todos los sectores
de nuestra sociedad, exigiendo como valores fundamentales en el ejercicio del Poder
Público el respeto al Estado de Derecho, la honradez y la ética.
Desde el Zulia denunciamos y exigimos
la restitución de la Soberanía Nacional, hoy burlada por la entrega de las
decisiones de Estado a otros países. Muestra de ello es la grotesca injerencia en Registros,
Notarias, Fuerzas Armadas y Sistema de Comunicaciones que ejecutan
funcionarios cubanos quienes imparten órdenes bajo la complacencia y autorización del
régimen.
Debemos propender a que la Fuerza
Social Ciudadana, pueda expresar su opinión de forma libérrima, y al respecto el
Gobierno Nacional debe entender su ejercicio y ejecución como una tarea de servicio
público, orientada a lograr para la sociedad venezolana: igualdad, equidad,
democracia, libertad y justicia; mediante la extinción de la pobreza y las desigualdades sin
distinciones ni exclusiones de ningún tipo; rechazando de manera enfática los
privilegios derivados del ejercicio del Poder Público; garantizando a toda la
población no solo el acceso a la democracia electoral, sino también a una auténtica
democracia de carácter integral. Venezuela no renuncia a la esperanza,
Venezuela no renuncia al futuro y desde el Zulia queremos contribuir a hacer
realidad esa esperanza y a colaborar a la construcción de ese futuro.
