viernes, 4 de abril de 2014

El Zulia le habla a Venezuela


Para nadie es un secreto que en Venezuela estamos viviendo una larga crisis histórica que lleva en desarrollo casi 30 años y tiene que ver en gran medida con el modelo económico y petrolero que ha marcado la historia nacional de los últimos 100 años. La crisis se agudiza en la misma medida que las élites del régimen no terminan de entenderla y asumirla, así como la pretensión durante 15 años de imponer un modelo económico que no encaja con los principios y valores de los venezolanos, pretendiendo bordear la tentación dictatorial y totalitaria, inclusive adicionando un proyecto Castro-Comunista inaceptable denominado “Plan de la Patria”, el cual es nugatorio de las disposiciones constitucionales. Resulta ostensible la violación constante y sistemática de las disposiciones de nuestra Constitución, como actividad calculada del régimen para imponer un sistema que es contrario a su contenido. El afán por concentrar el poder en el Ejecutivo, el irrespeto a la separación de los poderes, la transformación de nuestras Fuerzas Armadas en una péndice del PSUV, la transformación de facto de nuestro sistema geo-político, la confiscación arbitraria de bienes del dominio privado sin procedimiento previo, la
privación de la libertad de cualquiera que se oponga al oprobio del
régimen, la utilización del Consejo Nacional Electoral como una suerte de Ministerio de Asuntos Electorales del partido de Gobierno, la Fiscalía General de la Republica como garante del “garrote judicial” y una Defensoría del Pueblo siempre alerta para justificar los atropellos contra los civiles, son la fuente del estado de desasosiego e incertidumbre que ha provocado el estado de ingobernabilidad en el que nos encontramos.
La inocultable crisis política se desarrolla a partir de la recesión objetiva de tipo
económico que se venía anunciando por los expertos y que, como siempre ocurre, las propuestas de solución no son atendidas oportunamente por el régimen. El pretender imponer un modelo socialista-comunista dirigido a reducir y eventualmente desaparecer el sector privado, ha dado como resultado una economía arruinada que consolidó el modelo importador. Hoy nuestra patria se ha convertido en una economía de puertos en donde casi todo lo importamos, haciéndonos más vulnerables y dependientes. Como consecuencia de estas desacertadas e inconvenientes políticas que solo han creado una situación de empobrecimiento colectivo, con una inflación de las más altas del mundo y un desabastecimiento cierto que se evidencia día a día en las interminables colas que se han convertido en un referente urbano que destaca
vergonzosamente a la vista de propios y extraños. Si a todo esto agregamos los altos niveles de inseguridad, la precariedad en los servicios públicos, el deterioro progresivo del sector salud y educación, así como el fracaso en otras áreas como la oferta de vivienda y la producción de alimentos, se termina configurando un tsunami económico que la mayoría ya estamos padeciendo, con fuerte tendencia a agravarse. Frente a esta realidad que creemos no es exagerada, la sociedad venezolana ha ido desarrollando una creciente insatisfacción que hoy se manifiesta en calles y plazas del país, siempre dentro del marco constitucional, tal como claramente se expresa en el artículo 68 de nuestra Carta Magna, que consagra: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los
que establezca la ley.” En tal razón los venezolanos estamos legitimados para ejercer la protesta que hoy se manifiesta en cada rincón de nuestra amada Venezuela. Ante esta situación el régimen de manera desproporcionada, imprudente y provocadora ha utilizado la fuerza de la represión, extralimitándose en el uso y abuso de la misma y en franco irrespeto a los Derechos Humanos, banalizando la libertad al detener a cualquiera que ejerza el legítimo derecho constitucional a la protesta.
La justicia es el camino para la paz, así como el derecho lo es para la convivencia social. En Venezuela tenemos que entender que todas las partes están en pugna, en donde debemos asumir la tolerancia, la convivencia, el dialogo y el respeto al pluralismo como marco societario de un país democrático que puede manejar sus conflictos y dirimir sus diferencias en Democracia, si seguimos desarrollando la lógica de la violencia y la prédica del odio que solo producen más violencia, más dolor y termina profundizando las diferencias, llevaremos el país a un abismo inconveniente. De allí nuestro llamado a que desarrollemos un verdadero dialogo, donde el gobierno nacional debe propiciar la iniciativa de manera sincera; ya que es un mandato constitucional, y al mismo tiempo dando ejemplo en cuanto al camino a seguir, comenzando por desarmar el lenguaje ofensivo y divisionista, o dicho coloquialmente “respeta para que te respeten”; eso implica el reconocimiento del otro en las diferencias y sobre esa base sentarnos de verdad a desarrollar un dialogo necesario, plural, honesto y constructivo. Para el diálogo propuesto se requieren mediadores que merezcan la confianza de las partes; en ese sentido proponemos a la Iglesia Católica,
a través de la Conferencia Episcopal, al respecto en los últimos días el propio Papa a través de su Secretario de Estado Pietro Parolin y de su vocero oficial Federico Lombardi ha propuesto de manera formal servir de facilitador para un dialogo cada vez más urgente y necesario y que toda la sociedad está demandando y también proponemos a la Organización de Naciones Unidas (ONU) o cualquier otro organismo público o privado que permita generar confianza a las partes. La experiencia contemporánea ha demostrado que cualquier conflicto puede ser canalizado pacífica y civilizadamente siempre y cuando las partes se respeten y busquen puntos de coincidencia y equilibrio. El gobierno debe entender que es inviable su modelo hegemónico de corte autoritario, totalitario, militar y militarista, ya que en la sociedad moderna la economía no funciona por dogmas ideológicos, sino que solo se justifica a
si misma si es productiva y genera bienestar colectivo. Esta sociedad se acostumbró a vivir en Democracia, cree en la Democracia y bajo ninguna circunstancia va a permitir que se le robe o mediatice su derecho a vivir,
desarrollarse y progresar bajo reglas de Libertad y Democracia. Nunca es tarde para iniciar el dialogo. Nunca es tarde para construir la paz. Nunca es tarde para seguir desarrollando una sociedad donde todos cabemos, entendiendo, que una sociedad no se agota en el gobierno y tampoco en la oposición, sino que los incluye y los trasciende. El estado moderno funciona y se legitima no sobre dogmas ideológicos sino sobre la doctrina de los Derechos Humanos y la capacidad de desarrollar un proyecto moderno, democrático, inclusivo y donde el bien común sustentado en la solidaridad no menoscabe los derechos individuales y de propiedad, como el derecho particular a cada persona, de reconocerse en el “otro”, bajo la premisa de desarrollarnos en comunidad con derechos y garantías para todos. Desde el Zulia solicitamos como un gesto humano de buena voluntad de parte del ejecutivo nacional, la liberación de todos los presos políticos y permitir el regreso de los venezolanos en el exilio.

Desde el Zulia insistimos en el cese inmediato de las desacertadas políticas de
ocupación forzosa adelantadas por el régimen, las cuales han devenido en la pérdida de la capacidad productiva del país y en el alejamiento de nuevas inversiones de capital, en tal sentido debe desarticularse de manera inmediata el entramado legal regulatorio que asfixia al aparato productivo con controles del estado, que traen como consecuencia contracción económica y corrupción por lo que consideramos fundamental que al frente de los órganos que toman decisiones en el área económica, deben estar los Venezolanos que nuestras Universidades han formado, aportando sus conocimientos y capacidades para enrumbar nuestro sistema productivo y económico hacia el progreso sustentable. Desde el Zulia exigimos el respeto a los derechos fundamentales del hombre consagrados en nuestra Constitución y en todos los documentos universales sobre derechos fundamentales. En este sentido se invoca el imperativo que todos los ciudadanos deben ser tratados de la misma manera; que el respeto a la opinión de la disidencia sea el corazón de la democracia; que las libertades de pensamiento, expresión, información, reunión, tránsito y protesta pacífica no deben ser cercenadas y mucho menos mediante el uso de la fuerza física, ejercida por órganos gubernamentales o por civiles armados.
Desde el Zulia brindamos apoyo a los estudiantes y a la sociedad civil en general, que manifiestan su inconformidad a lo largo y ancho del territorio nacional porque como ciudadanos tenemos derecho de exigir el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y la satisfacción oportuna y cabal de las necesidades materiales y espirituales.
Los Zulianos exigimos de manera enérgica y enfática, el inmediato cese a la
brutalidad con la que han sido tratada nuestra juventud, golpeados, humillados y detenidos sin trámite alguno, y peor aún, asesinados por quienes deberían
protegerlos, por el simple acto de reclamar dentro de la Constitución, las erradas prácticas de un régimen sin rumbo y dirigido por una gerontocracia que ha sometido al pueblo cubano a la más larga de las tiranías que hoy existe en nuestro planeta. Así mismo, debe constituirse una “Comisión de la Verdad”, imparcial y autónoma, que determine la responsabilidad en la muerte de los 40 Venezolanos que han caído en esta confrontación que el régimen se empeña en alimentar. Desde el Zulia, exigimos la reinserción de las Fuerzas Armadas en el rol que les corresponde como garante y defensores de la soberanía venezolana tal como la establece nuestra Constitución.
Desde el Zulia manifestamos nuestro sentir que la paz llegará a Venezuela cuando se instaure la Justicia y se recupere el Estado de Derecho, aspectos para los cuales se hace obligante el respeto al sistema de división y autonomía de los poderes públicos, premisa fundamental para el funcionamiento de una democracia. Desde el Zulia, exigimos el desarme inmediato, absoluto y efectivo de los mal llamados colectivos, que como es público y notorio son bandas de paramilitares armados de intimidación política.
En este mismo orden de ideas, y actuando con estricta sujeción a las disposiciones constitucionales, exigimos de manera inmediata la designación de nuevos Rectores en el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Contralor General de la República, pues los que ocupan esos cargos no fueron designados según dispone nuestra vigente Constitución Nacional.
Así mismo, exigimos al régimen que debe garantizar el Derecho a la Libertad de
Expresión Libre y Plural, con especial énfasis en la eliminación de la Política de
Estado orientada a producir auto censura por parte de los medios de comunicación. Al efecto, exigimos respeto para el ejercicio de la labor de los periodistas, quienes son agredidos de manera artera y premeditada por parte de las fuerzas militares y policiales del régimen.
Desde el Zulia, exigimos el cese inmediato a la sistemática política del régimen de criminalizar el ejercicio de la función pública, como arma de intimidación para subyugar a quienes fueron electos de manera soberana, en tal sentido es inaceptable la pretensión de subordinar la soberanía popular a otros poderes que jerárquicamente se ubican por debajo de la voluntad del pueblo, tal y como dispone el artículo 5 de nuestra Constitución: “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. En tal sentido con estupor y no menor asombro, observamos como el régimen utilizando a los tribunales como “garrote judicial”, ha atropellado la voluntad soberana del pueblo expresada a través del voto, mediante decisiones de una élite circunstancialmente en funciones jurisdiccionales, que ejecuta las órdenes
del régimen a través de procedimientos inconstitucionales de usurpación de
competencias y abuso de poder.
Desde el Zulia proponemos un acuerdo de gobernabilidad que debe materializase con la participación de todos los sectores de nuestra sociedad, exigiendo como valores fundamentales en el ejercicio del Poder Público el respeto al Estado de Derecho, la honradez y la ética.
Desde el Zulia denunciamos y exigimos la restitución de la Soberanía Nacional, hoy burlada por la entrega de las decisiones de Estado a otros países. Muestra de ello es la grotesca injerencia en Registros, Notarias, Fuerzas Armadas y Sistema de Comunicaciones que ejecutan funcionarios cubanos quienes imparten órdenes bajo la complacencia y autorización del régimen.
Debemos propender a que la Fuerza Social Ciudadana, pueda expresar su opinión de forma libérrima, y al respecto el Gobierno Nacional debe entender su ejercicio y ejecución como una tarea de servicio público, orientada a lograr para la sociedad venezolana: igualdad, equidad, democracia, libertad y justicia; mediante la extinción de la pobreza y las desigualdades sin distinciones ni exclusiones de ningún tipo; rechazando de manera enfática los privilegios derivados del ejercicio del Poder Público; garantizando a toda la población no solo el acceso a la democracia electoral, sino también a una auténtica democracia de carácter integral. Venezuela no renuncia a la esperanza, Venezuela no renuncia al futuro y desde el Zulia queremos contribuir a hacer realidad esa esperanza y a colaborar a la construcción de ese futuro.

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