Un reputado
constitucionalista afirmó que en Venezuela nunca se había legislado más y
peor. Este es un Congreso de precaria
legitimidad, en donde la cogollocracia bipartidista ha vuelto a prevalecer,
totalmente de espalda al país y frente a una opinión pública que los rechaza
abrumadoramente en todas las encuestas.
Primero fue el acuerdo para repartirse la directiva del Congreso;
después fue el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia. Después la Ley Electoral y la separación de
las elecciones. Es decir se legisla de
manera oportunista y coyuntural; para el momento y los intereses circunstanciales
de AD y Copei. Igual piensan hacer con
la Ley de Educación Superior; Proyecto que nunca hemos conocido en su versión
definitiva y el que conocemos (versión del 17 de mayo del 98) se mantienen los
mismos errores que en el proyecto conocido del 96 y del 97.
Se sigue
interviniendo la autonomía en términos de un centralismo asfixiante, aunque se
disimula con los Consejo Regionales. Se
establecen unas camisas de fuerza con la Evaluación Institucional y las
acreditaciones, con peligro cierto de manipulación y corrupción. Las Universidades tienden a ser intervenidas
desde afuera por factores externos más políticos/partidistas que
socio/culturales.
En cuanto al
financiamiento se asume una retórica neo/liberal sin soluciones prácticas y se
empuja a las universidades hacia el cobro de matrícula aunque en la misma ley
se mantiene de manera oportunista la gratuidad de la educación. Se ignoran todas las iniciativas y políticas
que al respecto existen en el mundo y experiencias exitosas de financiamiento
con participación estudiantil y otros sectores.
Las estructuras
administrativas y de gobierno que se proponen son altamente burocráticas y
sesgadas a la influencia partidista cupular, imperante en el país.
En esta Ley el
sistema de educación superior se mimetiza hacia abajo; se legisla con el mismo
criterio permanentemente uniformatizador para las universidades y las
instituciones universitarias.
No se toca a
fondo el sector privado y mucho menos se establece un marco conceptual y unas
reglas adecuadas hacia este sector, crecientemente importante y
mayoritariamente orientado al simple negocio educativo.
Casi me parece
una conspiración legislativa con lo que está ocurriendo; una ley
precipitada a última hora, en un
Congreso que fenece en 2 meses y fuertemente deslegitimado.
Otra vez la
élite política legislando para el pasado y para mantener incólume los viejos
intereses de la partidocracia universitaria, cambiar para no cambiar parece ser
el sino de un sistema que lleva 20 años muerto ni aprenden ni enmiendan.
El país; los
universitarios en este caso, merecemos un mejor destino, que se nos dé una
verdadera oportunidad de cambio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario