El Zulia y la Descentralización (III)

Con el advenimiento de la economía petrolera del siglo XX y el régimen andino el centralismo, se acentúa aunque en el lenguaje se siguiera insistiendo en la idea de los principios federales hasta llegar a la contradicción extrema de identificarnos en otra dictadura centralista, con la irónica denominación de Estados Unidos de Venezuela.

En la segunda mitad del siglo XX, gracias a los cambios socio-culturales operados en el país durante más de medio siglo de economía petrolera, se fue posibilitando y viabilizando un proyecto de sociedad moderna que permite empezar a cuestionar de manera racional el cada vez más anacrónico e ineficiente modelo centralista, así es como de una manera tímida y con reticencia y resistencia política de los representantes del poder de la época se fue introduciendo y desarrollando la idea de un necesario e inevitable proceso de descentralización a partir de la creciente importancia demográfica y económica que iban adquiriendo las regiones. Tanto en Guayana como en el Centro, así como en Oriente y Occidente, iba naciendo un nuevo país pujante, progresista y desde sus “especificidades” regionales y locales iban asumiendo un protagonismo creciente en todos los órdenes de la vida nacional. Constitucionalmente se empezó a discutir al tema en 1947, en 1961 y en 1999 y así fue como en los últimas Constituciones aludidas se empiezan a asumir declaraciones y decisiones en la dirección de una descentralización efectiva, siendo quizás la iniciativa, más importante la que fragua a partir de los estudios de la COPRE (Comisión Presidencial para la Reformas del Estado, creada en 1984) y como fue la elección directa de Alcaldes y Gobernadores en 1989.

Con todas sus limitaciones y desviaciones ha sido el ensayo más exitoso en materia de descentralización y valorización política de las regiones. La Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, fue una iniciativa legislativa por consenso parlamentario, no sin cierta reticencia del poder político de la época impulsado, sin lugar a dudas, por la situación de crisis nacional que vivíamos en la década de los 80 del siglo pasado, y cuyos hitos más visibles fueron el Viernes Negro de febrero de 1983 y el llamado “Caracazo” de 1989. Por primera vez de manera efectiva se le ponía limites al exacerbado presidencialismo venezolano y por primera vez de manera legal y orgánica se empezaba a reorientar, dentro del presupuesto nacional recursos de la regiones, “devueltos” a las propias regiones, administrados y gerenciados desde ellas mismas, gracias al FIDES (1993, Fondo Intergubernamental para la Descentralización) y a las asignaciones Económicas Especiales (1996).