La presidencia: ¿una institución en crisis? (II)

El presidente no puede amenazar a la oposición y a la disidencia, con suspender o negar los recursos legalmente establecidos ni mucho menos seguir predicando el odio, la división y la violencia entre venezolanos. En este sentido ha sido particularmente virulenta su descalificación de las autoridades legalmente electas del estado Zulia y mucho menos se puede aceptar ya no sólo la negación de recursos sino el desafecto y las represalias con el estado y la región por atreverse a votar por la oposición.

El Zulia siempre ha sido leal al país y siempre ha prevalecido de manera pacífica y progresista frente a las amenazas dictatoriales, tal como quedó demostrado bajo la tiranía de Guzmán Blanco y Cipriano Castro, cuando se nos amenazó de convertirnos en una playa de pescadores y el segundo cerró la Universidad. El Zulia siempre se ha reafirmado en su “zulianidad” profundamente venezolana.

El señor presidente no educa, ni aprende, ni enmienda, sólo sabe de amenazas y divisiones. Después de 10 años de gobierno ha llegado la hora de la rendición de cuentas: ¿Cómo se ha gastado el dinero público? Qué beneficio reales ha recibido el pueblo de Venezuela, los diversos sectores y grupos sociales, no en dadivas ocasionales y coyunturales, sino en oportunidades reales de un empleo útil y bien remunerado y unas posibilidades ciertas de promoción humana personal, familiar y social.

La presidencia y el liderazgo democrático en la sociedad moderna se afirman y desarrollan sobre la legalidad constitucional y la legimitimidad de origen y desempeño. Es el viejo principio de la “auctoritas” (En Derecho Romano se entiende por auctoritas una cierta legitimación socialmente reconocida, que procede de un saber y que se otorga a una serie de ciudadanos. Ostenta la auctoritas, aquella personalidad o institución que tiene capacidad moral para emitir una opinión cualificada sobre una decisión).

Si bien, dicha decisión no es vinculante legalmente, ni puede ser impuesta, tiene un valor de índole moral muy fuerte, es decir, la autoridad moral que se desprende de la capacidad, la honradez y la vocación de servicio del ciudadano en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, en este caso del Presidente de la República. Este es el primer servidor de la patria y no el dueño de la misma. No es el amo del poder, ni el gamonal de la hacienda, ni el jefe del cuartel.

El presidente debe ser un ciudadano ilustrado y el mejor ejemplo con un lenguaje adecuado de respeto, diálogo, convivencia, unión y paz. De conducta intachable y el ejercicio del cargo conlleva en todo momento un alto sentido de responsabilidad y dignidad.