A estas alturas del proceso político desencadenado por la mal llamada “reforma constitucional”, hay consenso mayoritario en todos los sectores, -incluidos “chavistas” y “ex - chavistas”- que la reforma es inviable e inconveniente para los altos intereses nacionales.
Es inconstitucional y legalmente inaceptable por cuanto lo que plantea la “reforma” implicaría la convocatoria de un proceso constituyente. La “reforma” es ilegal, porque implica y configura un verdadero “fraude constitucional” pero además, es “moralmente inaceptable” por cuanto se nos convocaría a votar por algo que no puede ser sometido a votación, como son valores y principios irrenunciables, como por ejemplo: los derechos humanos, la democracia, la autonomía universitaria y garantías y normas que salvaguardan la libertad y la dignidad humana.
El rechazo a la “reforma” es tan mayoritario que el gobierno nacional ha rehusado al respecto todo debate sobre las propuestas contenidas en la “reforma” inclusive, el propiciado por el Consejo Nacional Electoral; de allí que el gobierno ha desarrollado una estrategia electoral en torno al caudillo; repitiendo el esquema, perverso y manipulador, de que se quiere “tumbar” a Chávez y acabar con su gobierno, cuando todo el mundo sabe, “chavistas” incluidos, que el presidente tiene un mandato de gobierno, como consecuencia de las elecciones del 2006.
En todas las encuestas el “si” pierde y esta tendencia sólo puede ser revertida por “magia o brujería” electoral, que el país nacional no permitiría ni aceptaría. El dilema de los que se oponen a la “reforma” de votar o abstenerse es un falso dilema, ya que de lo que se trata es que se retire la propuesta de “reforma” y se canalice legal y constitucionalmente como debe ser y al respecto el Tribunal Supremo tiene la palabra y en especial su sala constitucional, cuyos integrantes tienen una responsabilidad histórica de cara al país y al futuro, más allá de la circunstancia política actual y de sus evidentes simpatías e identificación con el gobierno actual.
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