El
llamado “régimen chavista” o la “revolución bolivariana” va
para 19 años. Al igual que otros regímenes de definición
autoritaria-totalitaria tiene un origen conspirativo fracasado y una
vía electoral exitosa a partir de una coyuntura de crisis profunda
en la sociedad.
Este
proceso político exitoso desde 1.998 fue interrumpido en el 2002 por
un golpe de estado o vacío de poder, como fue interpretado en su
momento por el TSJ que no sorprendió a casi nadie pero sí al
gobierno que prevalido de una mayoría electoral no le permitía
pensar que corriera ningún peligro de perder el poder. Fue un
movimiento focalizado en las cúpulas económicas y sindicales y
viabilizado o ejecutado por el alto mando militar. Depuesto, sin
resistencia, sorpresivamente a los 3 días, Chávez es devuelto a
Miraflores por las mismas fuerzas armadas y con un liderazgo visible
del general Baduel. Pasado el susto, Chávez entendió que pasaba a
depender del “partido militar” para seguir en el poder y allí
empieza a manipular en profundidad las divisiones e intereses de los
sectores militares hasta convertirlos en “socios” principales de
la gestión gubernamental.
Igualmente
entendió que el acercamiento a Cuba y el asesoramiento castrista iba
a ser fundamental para su permanencia en el poder.
Muerto
Chávez, el heredero designado es Maduro (2013), que pasa a ser la
figura visible de una nomenklatura de grupos militares y civiles que
se convierten en la nueva oligarquía en el poder, popularmente
conocidos como “boliburguesía”, o de manera más despectiva, los
“enchufados”.
Con
el control del poder el régimen desarrolla el proyecto
autoritario-totalitario de manera consecuente y se radicaliza cada
vez más en la misma medida que la crisis económica y la abrupta
caída de los precios petroleros obligan a acentuar el control y la
represión.
Como
contraparte al régimen siempre ha existido una oposición
heterogénea que ha intentado diversas estrategias para enfrentar al
régimen, desde la vía electoral, cuyo éxito más resaltante fue el
triunfo parlamentario del 2015, hasta la resistencia de calle con un
primer antecedente en el 2007 cuando el cierre de RCTV, en el 2014
con la llamada “Salida”, y los intensos meses de calle de abril a
julio 2017.
Si
bien la crisis nacional tiene un desarrollo de por lo menos 30 años,
y no es otra cosa que el agotamiento del modelo rentista y populista,
arraigado en la Venezuela petrolera, crisis agravada en los últimos
4 años por el empecinamiento en mantener políticas fracasadas cuyo
eje es la corrupción generalizada y la infeciencia.
19
años es mucho tiempo para mantener un modelo fracasado al pretender
imitar el modelo cubano y al mismo tiempo en la misma medida que la
oposición plural y diversa no termina de encontrar la fórmula del
cambio político, nos encontramos con una sociedad enferma de
precariedad e incertidumbre creciente que ha venido pagando un alto
costo en todo sentido. Una diáspora venezolana de más de 2 millones
de personas, en su mayoría jóvenes y muchos profesionales
talentosos, una pobrecía en ascenso con hambre real y padecimientos
de todo tipo, una clase media empobrecida y desmoralizada y un
gobierno empecinado en sus errores, que habiendo perdido el apoyo de
la mayoría electoral terminó totalmente cautivo de las fuerzas
armadas o mejor de una cúpula que ha instrumentalizado a las fuerzas
armadas al servicio de los intereses económicos de esta nueva
oligarquía del dinero y su afán de permanencia eterna en el poder.
Si trágicos han sido estos años, es una verdadera tragedia hasta
ahora el fracaso de un manejo político adecuado que permita evitar
la confrontación estéril por una salida negociada, cuyo objetivo no
puede ser otro que la restitución de la plenitud constitucional, el
estado de derecho y vigencia plena de los derechos humanos.
Un
gobierno incompetente puede ser tolerado siempre y cuando tenga fecha
de caducidad, pero un gobierno que quiere prolongarse en el tiempo
sin término, convertido en un proyecto ideológico de dominación
social y hegemonía política, es intolerable y este es el desafío
que tiene por delante la sociedad venezolana, recuperar un país
“normal”, una sociedad que funcione y en donde se multipliquen
las oportunidades individuales y colectivas de progreso.
Las
incertidumbres se han multiplicado en los últimos meses con la
ilegal y fraudulenta “constituyente” autoproclamada,
supraconstitucional y con plenos poderes, asumiendo de hecho
competencias ejecutivas, legislativas y judiciales, que le ha
permitido al régimen una discrecionalidad absoluta, tanto que nadie
puede anticipar ni fechas de elecciones ni ningún tipo de agenda
política más allá de los intereses del régimen.
Hoy
por hoy la oposición luce dividida y confundida, y a pesar de que
siguen proclamando la unidad, en la práctica la llamada MUD, no pasa
de ser una referencia cada vez con menor credibilidad y el
protagonismo partidista que tiende a acentuarse pero que no logra ir
más allá del sectarismo tradicional de los partidos políticos.
El
país político ya no está polarizado y ellos en sí mismo a mi
juicio es positivo, siempre y cuando tengamos la capacidad de crear
un gran frente democrático que propicie un acuerdo nacional con
acompañamiento internacional, de convivencia de todas las fuerzas
políticas y con capacidad de crear un destino común de prosperidad
para todos los venezolanos.