2016
se ha convertido en un año-encrucijada, o como diría Karl Jaspers,
un tiempo-eje. Todo indica que es un año decisivo para la sociedad
venezolana. La llamada crisis alcanzó sus bordes o límites, una
crisis del modelo rentista petrolero que se venía agotando en los
últimos 30 años y al mismo tiempo se venía advirtiendo por las
voces más lúcidas de nuestro país, entre otros los emblemáticos
Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso.
La
crisis económica y social ha sido recurrente en estas últimas tres
décadas, con sus respectivas coyunturas de crisis política. La
primera advertencia visible fue el viernes negro de 1983, después el
Caracazo de 1989, en parte espontáneo y en parte inducido, y por
último, la intentona golpista de 1992, la renuncia de Carlos Andrés
Pérez, y en 1998 la elección popular del antiguo golpista.
Transcurridos 17 años, no sólo la crisis no se ha resuelto sino se
ha agravado hasta niveles dramáticos, creando en este año un
verdadero problema de gobernabilidad y vacío de poder que debiera
obligar al gobierno a intentar un diálogo con la oposición, de lo
contrario la oposición está casi obligada como aparentemente
intenta hacerlo, de buscar una “Salida” constitucional con la
urgencia que la crisis económica y social demanda.
“La
Salida” que los hechos demandan, pudiera ser un diálogo
constructivo tal como lo planteó hace dos años el ex-presidente
brasileño, Lula, y en los últimos meses, Eduardo Fernández. Este
posible diálogo debería comenzar con un gesto político de respeto
mutuo y reconciliación nacional entre gobierno y oposición,
asumiendo por unanimidad la Ley de Amnistía y el regreso de los
exiliados. Sobre esta base se asumiría la urgente y grave
problemática económica y social para concertar soluciones prácticas
y efectivas, más allá de ideologías y doctrinas excluyentes. En la
construcción de este deseable diálogo todos somos responsables,
pero es al gobierno al que le toca tomar la iniciativa al respecto.
Si
el gobierno no entiende el momento político y la gravedad de la
situación, es inevitable que el país político tenga que explorar y
transitar las diversas vías constitucionales que permitan generar,
lo más pronto posible, un cambio de gobierno y un cambio de
políticas.
El
tiempo de la crisis, aparentemente, se agota en este año 2016, pero
como tantas veces se ha dicho y repetido los peores tiempos pudieran
terminar convirtiéndose en los mejores tiempos, si encaramos las
problemáticas actuales con la sensatez necesaria y transitamos todos
los cauces legales y pacíficos que una democracia efectiva nos
exige, en ello todos ganamos, gana Venezuela y los costos políticos,
económicos y sociales disminuirían considerablemente y facilitarían
una transición en donde todos los actores políticos tendrían
cabida.
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