Educación Superior

1.    Recomendamos no seguir descalificando al profesorado de manera genérica y su sistema de jubilaciones.  El sistema puede ser  inapropiado y hasta injusto, pero es legal y forma parte de todo un sistema nacional inconveniente y distorsionado, como por ejemplo: las jubilaciones parlamentarias, de la gerencia petrolera, militar, etc.

 2.     No olvidar que el profesorado universitario es un asalariado, fuertemente golpeado por la inflación y la crisis, lleno de traumas e incertidumbres.

 3.     Sin ninguna duda la Educación Superior y las Universidades necesitan ser reformadas a fondo en un proceso en el cual deben involucrarse todos los sectores, internos y externos, públicos y privados.

 4.     Un reputado constitucionalista afirmó que en Venezuela nunca se había legislado más y peor.  Este es un Congreso de precaria legitimidad, en donde la cogollocracia bipartidista ha vuelto a prevalecer, totalmente de espalda al país y frente a una opinión pública que los rechaza abrumadoramente en todas las encuestas.  Primero fue el acuerdo para repartirse la directiva del Congreso; después fue el nombramiento de la Corte Suprema de Justicia.  Después la Ley Electoral y la separación de las elecciones.  Es decir se legisla de manera oportunista y coyuntural; para el momento y los intereses circunstanciales de AD y Copei.  Igual piensan hacer con la Ley de Educación Superior; Proyecto que nunca hemos conocido en su versión definitiva y el que conocemos (versión del 17 de mayo del 98) se mantienen los mismos errores que en el proyecto conocido del 96 y del 97.

 Se sigue interviniendo la autonomía en términos de un centralismo asfixiante, aunque se disimula con los Consejos Regionales.  Se establecen unas camisas de fuerza con la Evaluación Institucional y las acreditaciones, con peligro cierto de manipulación y corrupción.  Las Universidades tienden a ser intervenidas desde afuera por factores externos más políticos/partidistas que socio/culturales.

En cuanto al financiamiento se asume una retórica neo/liberal sin soluciones prácticas y se empuja a las universidades hacia el cobro de matrícula aunque en la misma ley se mantiene de manera oportunista la gratuidad de la educación.  Se ignoran todas las iniciativas y políticas que al respecto existen en el mundo y experiencias exitosas de financiamiento con participación estudiantil y otros sectores.

Las estructuras administrativas y de gobierno que se proponen son altamente burocráticas y sesgadas a la influencia partidista cupular, imperante en el país.

En esta Ley el sistema de educación superior se mimetiza hacia abajo; se legisla con el mismo criterio permanentemente uniformatizador para las universidades y las instituciones universitarias.

No se toca a fondo el sector privado y mucho menos se establece un marco conceptual y unas reglas adecuadas hacia este sector, crecientemente importante y mayoritariamente orientado al simple negocio educativo.

Casi me parece una conspiración legislativa con lo que está ocurriendo; una ley precipitada  a última hora, en un Congreso que fenece en 2 meses y fuertemente deslegitimado.

Otra vez la élite política legislando para el pasado y para mantener incólume los viejos intereses de la partidocracia universitaria, cambiar para no cambiar parece ser el sino de un sistema que lleva 20 años muerto ni aprenden ni enmiendan.

El país; los universitarios en este caso, merecemos un mejor destino, que se nos dé una verdadera oportunidad de cambio.